En Venezuela, tradicionalmente se ha compartido la posición de la doctrina La temática relativa a la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en el ámbito de la función pública, encarna, a mi criterio, una de las materias de estudio más interesantes y ricas en cuanto a su dinámica y . Sólo 145 LPAC), una interpretación literal de este artículo parecía eliminar la posibilidad de que el particular exigiera la responsabilidad a la autoridad o funcionario responsable. Esta previsión genérica es desarrollada en forma más pormenorizada en el art. La Sentencia de 9 de febrero de 1988 (Ar. pago de impuestos, en este caso el ordenamiento jurídico habilita a la Sentencia penal condenatoria Produce efectos, como regla general, de “cosa juzgada” en la vía civil. 0000012361 00000 n 135.3 del RE hoy derogado, como apuntamos. Para ello, la indemnización se exigirá a través del procedimiento administrativo correspondiente, que tras la reforma de 2015 ya no será procedimiento especial, para exigir la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas . Por lo que hace a la tercera de las SS del TS, concretamente la de 24 de octubre de 1997 (Ar. 40 y 41 fueron expresamente derogados, e introdujo modificaciones de interés respecto de la citada regulación. 46.2.d), LBRL). 633 y ss. Por tanto el análisis sobre este tema ha de ser frío, reposado y alejado de tensiones sociales que aunque justas, intentan encontrar en este art. En su obra “Responsabilidad Civil de la Administración y Delito” Ed. 21.1. y 6 RPRP se refieren al “órgano competente” para iniciar y resolver el procedimiento. 159 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña (en adelante LMC), y el 223 del ROF establecen una responsabilidad directa de aquellas por los daños y perjuicios causados a los particulares como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa. Dicha acción u omisión puede causar, por otro lado, daños y perjuicios a la propia entidad o a terceros. Destacando el hecho que el art. Ello permite cuestionarse si el ejercicio de acciones penales en estos casos no persigue la consecución de fines que, en principio, le son extraños: a) por un lado el control de la actividad política de la Administración municipal y, b) por otro el aseguramiento de la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración, en todos aquellos casos en los que el daño causado se relacione, más o menos directamente, con el funcionamiento de un servicio público. del particular no necesariamente debe ser sobre algo material, lo que realmente Celebrada el miércoles 25 de octubre de 1995, pág. cit. 3 del Código Civil, a los que como luego veremos apela el Tribunal Supremo, intentaremos acudir a una interpretación auténtica de la norma basando nuestro estudio en los trabajos parlamentarios que se llevaron a cabo hasta aprobar ese artículo 121, integrante de la Ley Orgánica del Código Penal, para hacer después un análisis jurisprudencial y ver cual es el tratamiento que, hasta el momento, le están dando al precepto los distintos órganos judiciales que se pronuncian sobre el mismo, a fin y efecto de sentar nuestras propias conclusiones. 0000012861 00000 n La LBRL nada dice, expresamente, al respecto. Habrá de tenerse en cuenta, en este caso, la profesión, a fin de verificar hasta que punto, aplicando los conocimientos y preparación de ella, la falta cometida reviste la “gravedad” exigida. 106 de la Constitución y regulada en los artículos 139 y siguientes de la ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, sin que pueda darse en ningún caso la duplicidad indemnizatoria. Madrid, 1998. Y de acuerdo con ambas sentencias concluye que para el Tribunal Supremo, el Estado es igual que cualquier otro empleador, y eso exige un idéntico criterio en el art. La dicción definitiva que hoy presenta el precepto es clara, al hacer referencia a los delitos dolosos o culposos, pero no así la interpretación que del mismo, si bien que a través de un obiter dicta, está haciendo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a partir de su Sentencia de 11 de enero de 1997 (Ar. 1902 , a contar desde que lo supo el agraviado. La responsabilidad civil, penal y administrativa de las autoridades y los funcionarios. De ahí que se entienda mejor por qué la doctrina viene reclamando con tanta insistencia la necesaria y urgente unificación de las diferencias hasta ahora existentes, con el consecuente vaciamiento de las normas civiles contenidas en el Código Penal. De ahí que una vez iniciado un proceso penal ante la imputación de una conducta delictiva a un empleado público, junto a la acción propiamente penal se ejercite también la acción civil correspondiente encaminada a la reparación del daño e indemnización de perjuicios causados por el hecho punible, tal y como establece el artículo 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 1902CC (...) ya que la sentencia penal cuando es absolutoria no impide que se vuelva a plantear la responsabilidad civil por culpa extracontractual de quien fue enjuiciado y absuelto en el proceso penal.” En esta línea se inserta la reciente Sentencia de 21 de julio de 2000 de la Audiencia Provincial de Barcelona, - la cual después de haberse seguido un juicio de faltas donde se absolvió al imputado como presunto responsable-el monitor-, un segundo proceso civil al amparo del 1902 CC –Juicio de menor Cuantía ante el Juzgado de 1ª Instancia- también con sentencia desestimatoria de todas las pretensiones del demandante- acaba condenando finalmente al Consorcio de Formación, (escuela taller) del que forma parte la Diputación de Barcelona, a abonar al actor –que quedó tetraplégico a causa del accidente- la cantidad de cien millones de pesetas. El daño habrá de ser efectivo, material e individualizado.” Añadiendo su art. En igual sentido la SSTS de 8 junio 1993 (Ar. Así, el referido precepto dispone: “Dará también lugar a indemnización con arreglo al mismo procedimiento toda lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos a que esta Ley se refiere, siempre que aquélla sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, o la adopción de medidas de carácter discrecional no fiscalizables en vía contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pueda exigir de sus funcionarios con tal motivo”. Responsabilidad penal de los funcionarios públicos. Según la doctrina, pues, los funcionarios públicos pueden incurrir en tres formas de responsabilidad: penal, civil y administrativa y como una especie de ésta, la llamada responsabilidad disciplinaria. 1902 y siguientes del Código Civil y la patrimonial de la Administración regulada en los arts. Del Senador Vallvé i Navarro. (El subrayado es nuestro) . Hay que tener en cuenta que esta nueva regulación presenta, al igual que la normativa que modifica, el carácter de legislación básica, de conformidad con el art. componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, Y eso, cuando sucesos tan lamentables como los de la colza o los de la presa de Tous ponen de manifiesto que esa vía penal, como fórmula para restituir los daños producidos en grandes colectividades, se ha demostrado no sólo no más rápida que la vía contencioso-administrativa, sino tan lenta como ésta, ineficaz en muchos otros casos y necesitada de parches, de soluciones legislativas, de actuaciones apresuradas y siempre sometidas a la presión de la opinión pública y de los colectivos de afectados, cuando posiblemente con una reforma profunda de la ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la cual creemos imprescindible, podría solucionarse este tema y se podría dejar en la vía penal lo que realmente sean temas a tratar por la vía de la responsabilidad civil subsidiaria. Civitas. 9º.3). En el Fundamento de Derecho Sexto, la Audiencia de Burgos, se expresa de la siguiente manera: “(...) El precepto así transcrito – refiriéndose al art. Contra esa redacción inicial fueron presentadas una serie de enmiendas por los distintos grupos políticos: El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y el Sr. Albistur Marín (G. Mixto-EuE) propugnaron la supresión del calificativo “dolosos” arguyendo que la exclusión de los delitos y faltas “culposos” supone por un lado “colocar en mejor situación al Estado y entes públicos respecto de las personas o entidades señaladas como responsables civiles subsidiarias en el art. Primero, mediante la prevención, inculcando los códigos de valores necesarios y asociados al servicio público, a la buena administración, y sólo cuando todo falla, mediante la represión, utilizando las herramientas descritas en sus diferentes tipos. En cuanto a la responsabilidad administrativa, tenemos que ella surge La responsabilidad de los funcionarios públicos Armando Mendoza Ugarte. Para ello, la indemnización se exigirá a través del procedimiento administrativo correspondiente, que tras la reforma de 2015 ya no será procedimiento especial, para exigir la, responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, Aunque esta regulación afectaría únicamente a aquellos empleados públicos que desempeñen un puesto de alto cargo, a su lado. Miguel Casino Rubio, ob. 250: a Décima Edición corregida y aumentada por los autores. Y en el 2023 ¿cambiaremos de Alcalde o Alcaldesa? 524, citando a su vez a Pera Verdaguer, Expropiación forzosa, 3ª ed. c d e f g h i j k l m n ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı û û û û ø û û û û û û û û û û û $ Responsabilidad administrativa de los funcionarios: el régimen disciplinario. Responsabilidad penal de los funcionarios. 406.2) en cuyo caso se aplicaban los artículos 1902 y 1903 del Código Civil. 1933 y 1938, ob. responsables los Ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan IU-IC; y la nº 116 del G.P.Catalám (CiU). 1. Lo mismo que puede haber recaído alguna sentencia de condena, aunque ésta haya sido leve, para no dejar desprotegidos a los afectados, y ese es un dato real que no puede obviarse. Tradicionalmente, en nuestro Derecho, eso no fue así, sino que el perjudicado podía dirigirse, frente a la persona física cuya acción u omisión había producido el daño (art. Identificar las actuaciones susceptibles de provocar responsabilidad de la Administración Pública y de sus funcionarios. 1308 y 1309. 121 CP, los debates se celebran en la sesión nº 62 del miércoles 31 de mayo de 1995, pág. Concretamente por lo que atañe al art. Porque no ha servido la vía penal. 618), desestimó el recurso de apelación de una Señora que paseando por terrenos de una Zona Militar de L’Escala fue mordida por un perro de propiedad particular. Delitos contra las Instituciones del Estado. generándose simplemente por los perjuicios causados al particular como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y, sin que tenga relevancia alguna la concurrencia de ambos factores, como decíamos (culpa o negligencia) para generar, en el . Y, por si fuera poco además, la mayoría de las sentencias civiles que aplican el plazo de los quince años resuelven otros tantos supuestos en los que el previo procedimiento penal concluyó sin sentencia condenatoria, en cuyo caso, como es evidente no cabe hablar, de ninguna manera, de responsabilidad civil ex delicto, ni tampoco aplicar un plazo de prescripción de los quince años, propio solo de esa acción y no de la derivada del 1902 del CC. Se invierte así el sistema general de responsabilidad directa de la Administración. Por otra parte, el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (en adelante RPRP), derogó el art. Se habrá de pagar un valor de reposición o sustitución, y añadirse los beneficios perdidos y los intereses de demora. 121 DEL CÓDIGO PENAL DE 1995 (LEY ORGÁNICA, 10/1995, de 23 de noviembre) Consideraciones generales Trabajos parlamentarios en torno al proceso de elaboración y aprobación de la norma. Junto a esta escueta glosa del precepto y de forma consecuente con lo que hemos afirmado en los folios precedentes se impone en primer lugar, necesariamente, hacerle un reproche y, en segundo lugar, proceder a una exégesis más amplia del mismo, que nos ayude a aclarar cual es su verdadero significado y alcance en orden a la responsabilidad civil derivada del delito, que nos es exigible a los funcionarios y autoridades públicos, y a cual ha de ser el papel que juegue la Administración pública en materia de responsabilidad civil subsidiaria, sobre la base de los supuestos en él contemplados. Este precepto establece la responsabilidad civil ex delicto directa de autoridades y personal al servicio de la Corporación siempre que sean declarados penalmente responsables, y subsidiaria de la Administración, en defecto de solvencia del delincuente, siempre y cuando la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos. 0000008536 00000 n Ésta era hasta no hace mucho prácticamente el único supuesto de responsabilidad que se atribuía a los empleados públicos y para qué engañarnos, no demasiado eficaz. 2.- Responsabilidad penal (la última frontera). 08 Jan 2023 22:17:05 3.2 Normativa de régimen local y Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común Como ya hemos avanzado en materia de responsabilidad patrimonial, en general, de las Corporaciones locales, el artículo 54 de la LBRL y, en idéntico sentido los art. 121 CP. 117 del anterior Código Penal (el actual no contiene ninguna regla sobre ese punto) establecía que “la responsabilidad civil nacida del delito o falta se extinguirá de igual modo que las demás obligaciones, con sujeción a las reglas del Derecho civil”. 121 CP - viene a sustituir al anterior artículo 22 del CP de 1973 en el que se extendía dicha responsabilidad civil, no sólo por los delitos, sino también por las faltas. Tus decisiones no tendrán impacto en tu visita. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP) propone una Enmienda de modificación con una larguísima redacción alternativa del precepto que, en la parte que aquí nos interesa, habla de los daños causados por aquellos “que resulten condenados criminalmente”, sin hacer alusión específica alguna a si lo son por causa de delito o de falta, justificando su propuesta en una pretendida acentuación del carácter tendencialmente objetivo de la responsabilidad del Estado y para clarificar los límites con el anormal funcionamiento, además de establecer una normativa rápida para la exigencia y ejecución, por las Administraciones Públicas, de las condenas que les afecten. Ed. Responsables Al otro lado de la relación, se encuentran quienes potencialmente pueden ser declarados, por la Administración, responsables de los daños producidos. 5.17. Este sitio utiliza cookies funcionales y scripts externos para mejorar tu experiencia. ‹ÿÿÿ cÿÿÿ Aparte de la consagración genérica de la responsabilidad personal e Ob. Suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o condición del menor. 3. Al igual que cualquier categoría legal, la responsabilidad administrativa de los funcionarios, las personas jurídicas, está dotada de ciertas características que, sin embargo, constituyen el contenido de la responsabilidad administrativa en relación con los funcionarios, y también reflejan su especificidad como una de las muchas variedades de la institución . Vol. En cualquiera de ambos supuestos, la exigencia de responsabilidad penal supone un retroceso en la evolución objetivadora de la responsabilidad administrativa. derechos de los administrados. Constitución y las leyes, aun en el caso de que obren por orden expresa del 78 de la LBRL señala que serán responsables: “los miembros de las Corporaciones locales que los hubiesen votado favorablemente”. 0000013445 00000 n Para la mayoría de los autores, esta responsabilidad El artículo referido del CC establece que prescribe por el transcurso de un año la acción para exigir la responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el art. o por violación de la constitución o de la Ley". públicos. LA LEY, Responsabilidad Civil. Notificación a los interesados De dicho acuerdo de iniciación, se dará traslado a los interesados, concediéndoles un plazo de 15 días para que aporten cuantos documentos, informaciones y pruebas estimen convenientes (art. Para evitar justamente esa interpretación, es decir, que un ciudadano que hubiese sufrido un daño por la conducta de un miembro corporativo o de un funcionario pudiera demandar a éstos la justa indemnización ante el orden jurisdiccional civil, la Ley 4/1999, de 13 de enero modificó la redacción del art. revocables y se contempla en la constitución de la RBV una doble garantía 1092 y 1093, otorgando carta de plena naturaleza a la situación de confusión que actualmente se padece. Se mire por donde se mire al final siempre acaba imponiéndose la misma conclusión: el único y verdadero fundamento de la responsabilidad civil derivada del delito es, al igual que en el caso de la que deriva de culpa meramente extracontractual, el daño. 5�CJ OJ QJ CJ OJ QJ Responsabilidad Civil iv. La Audiencia Provincial de Girona, en Sentencia de 18 de febrero de 1999 (Ar. Madrid, 1985, pág. manera individual en el ejercicio de la función pública, administrativa de Enmienda nº 124. 3749), 4 de febrero 1987 (Ar. Las exigencias del principio de culpabilidad Este principio impide la responsabilidad por delitos ajenos (principio de personalidad) y exige para la punición la concurrencia de dolo o culpa (principio de culpabilidad en sentido estricto). Esa expresión declaratoria ha de referirse a todos los supuestos de pronunciamiento posibles. 118 pág. Prueba de ello eran la Ley 30/1992 y el Decreto 429/1993 que la desarrolla, en materia de responsabilidad, el propio proyecto de ley que regula el Proceso contencioso-administrativo y, finalmente, el Anteproyecto de Código Penal en el que se pretendió excluir la responsabilidad subsidiaria de las Administraciones. en relación a la existencia de los tres tipos de responsabilidad de los funcionarios cit. Así, mientras el art. 121 un camino que, evidentemente, no corresponde a la jurisdicción penal. Ed. cit.. Y este es el criterio del art. Yzquierdo Tolsada, Mariano: Aspectos civiles del Nuevo Código Penal. C/ Alta 60, Bajo. de responsabilidad a favor del ciudadano que está dada por la garantía Marco legal actual. cit. Lo que ustedes saben, sigue el ponente, que son las querellas catalanas: se acude a la vía penal, contra el funcionario o autoridad, aunque no esté claro el delito, para presionar por esa vía y obtener antes esa responsabilidad civil subsidiaria. 0000011539 00000 n El problema puede planteársenos respecto al momento en que empieza a computarse el plazo. 0000001036 00000 n El legislador penal creyó entonces conveniente introducir, en el articulado del Código, algunas normas que viniesen a regular la responsabilidad por daños derivados de delitos o faltas, en sustitución del régimen de vetustas acciones romanas hasta entonces aplicables. novísima Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, se refieren a 4.- Responsabilidad patrimonial de la Administración ¿y de los empleados? NOTA: Para ampliar la información sobre este tema puede consultarse «Supuestos de responsabilidad de los empleados públicos. En todo caso, la responsabilidad patrimonial que deben asumir los empleados públicos por los daños derivados de su actuación no se agota con la derivada de lesiones producidas a particulares, sino que igual procedimiento se sustanciará por la Administración a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. “El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la Isla o el Municipio y demás Entes Públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de delitos o faltas dolosos, cuando éstos sean autoridad, agentes de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones y en el cumplimiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, si resulta probada la relación directa y exclusiva entre su conducta y el servicio público de que se trate, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria.  El principio de responsabilidad de los funcionarios públicos tiene una base Pág. Delitos contra las garantías constitucionales. De esta manera, el instituto de la responsabilidad alcanza por vía de la citada ley la categoría de derecho de los ciudadanos, como expresamente se reconoce en el art. Frente a esa alegación, arguye la Audiencia Provincial “ (...) aún cuando sea cierto que el pronunciamiento penal condenatorio lo es por una falta, y no por un delito, no por ello debe entenderse que no pueda declararse la responsabilidad civil subsidiaria, porque el art. Mientras que la responsabilidad del Estado es objetiva, la de los funcionarios y agentes públicos es subjetiva (por dolo o culpa), previéndose también en este caso un plazo de prescripción de . Desde el punto de vista jurisdiccional, el art. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. ordinal quinto que corresponde a este organismo "intentar las acciones a que 131 A las anteriores consideraciones, responde el Grupo Socialista argumentando que tres son los tipos de objeciones que se han planteado a este artículo, en las distintas enmiendas: una redacción defectuosa; una perspectiva pro-fisco y no de política penal o criminal; y quizá la más importante, que no atiende los requerimientos constitucionales, concretamente los del art. La función pública puede ser . A este escenario de responsabilidad de los empleados públicos ya de por sí complejo, se suma en el año 2013 la Ley de Transparencia, a la que hay que añadir sus homónimas autonómicas. 145.2 y 3 - y los arts. 4703), 24 mayo 1988 (Ar. Una vez admite el TS la responsabilidad patrimonial de la Administración, se plantea no obstante que la Sala de instancia debió ponderar la cantidad que en el orden penal se le había concedido, a fin de evitar un enriquecimiento injusto de la lesionada. #GolpeDeEstadoEnBrasil . 1305 a 1307, inclusive, Vol. 0000007754 00000 n Es más cree que el Estado en muchos casos ha escurrido el bulto, porque en definitiva los jueces son funcionarios públicos, pero es él el que tiene que responder habitualmente de la responsabilidad civil derivada de las responsabilidades de los funcionarios públicos. Siguiendo en lo esencial a Martín Rebollo, en op. En los supuestos de responsabilidad contable, se estará a lo dispuesto en la LGP, LOTC y LO 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento de dicho Tribunal. 21 RPRP. — — — Ş| Ö Ö Çò ú ú Ö Ö Ö Ö Çò — ˜ — œœ v ƒë È Ö Ö Çò . Pero donde más palmaria se manifiesta la postura del Tribunal, es en el Fundamento Jurídico Séptimo que dada su importancia, reproducimos literalmente: “Ocurre, no obstante, que el silencio de este art. En 0000036326 00000 n Y, por otra, la responsabilidad que cabe exigir directamente al autor, siguiendo la remisión que el CP efectúa al Código Civil por la vía de la responsabilidad civil subsidiaria derivada de delito o falta. Esta excepción constitucional al principio de la responsabilidad individual de Ello no es más que el resultado de la acomodación de la norma al contexto histórico y legislativo en el que se inserta. Esa es la fórmula que se recoge en el título de dos importantes monografías de Derecho administrativo: J. Leguina Villa, La responsabilidad civil de la Administración Pública, 2ª ed., Madrid, Tecnos, 1983 y Santiago Muñoz Machado: La responsabilidad civil concurrente de las Administraciones Públicas. Dr. Armando Mendoza.ppt 515. Estas responsabilidades son tres, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, y la responsabilidad administrativa. 120 y 121 del CP. El espíritu i finalidad del art. 0000009971 00000 n A raíz de la reforma operada, por las llamadas leyes del pacto local, en el ámbito de competencias de los órganos de gobierno de las Corporaciones Locales previstas en la Ley de Bases de Régimen Local, entendemos que el órgano competente para instruir y resolver estos procedimientos es el Alcalde, cuando se trate de la acción de regreso contra funcionarios, y el Pleno cuando ésta se ejercite contra miembros electos de la Corporación. A la pregunta formulada, y contrariamente a mi parecer, da respuesta una jurisprudencia absolutamente dominante de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que, congruente con la tesis que combatimos según la cual la responsabilidad civil ex delicto y responsabilidad civil extracontractual son instituciones completamente distintas declara que el plazo es el de quince años del 1964 CC, y no el de un año. Responsabilidad Penal y Responsabilidad Civil derivada del Delito A pesar de la polémica que le ha precedido, hoy hay un reconocimiento unánime en admitir, tanto por la doctrina científica de Derecho civil, como de Derecho penal la diferente naturaleza que tiene la responsabilidad penal respecto a la responsabilidad civil derivada del delito, y así ha venido a sancionarlo el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 33/1992, de 18 de marzo al afirmar: (...)” ello no puede llevarnos a confundir la distinta naturaleza de las acciones penal y civil que surgen del hecho punible, puesto que el hecho de que los preceptos que regulan esta última se encuentren en el Código Penal y que la responsabilidad civil sea exigible conjuntamente con la penal en la misma vía jurisdiccional, es debido a evidentes razones de orden práctico, pero no puede enturbiar la distinción entre sanción penal y la responsabilidad civil que puede surgir a consecuencia de un delito o falta, cuando éste provoca un daño a la víctima que deba ser reparado”. Pág. Ed. LPAC. Descripción amplia y motivada desde el punto de vista penal, de la responsabilid... Clasificación de las universidades del mundo de Studocu de 2023. El Consultor, 1994, pp. penal, con la finalidad de prevenir los riesgos sociales y por ende de proteger los intereses públicos o colectivos en juego. 5.27. Por ello, hablar de las características de la responsabilidad patrimonial de las Entidades locales supone referirse al mismo tema, y a los mismos problemas que, con carácter general, se plantean en la Administración del Estado o en la de las Comunidades Autónomas, aunque haya quizá que hacer hincapié en alguna pequeña especificidad que no enturbia el régimen común al que apela igualmente el articulo 149.1.18 in fine de la propia Constitución. Si se trata de la acción de repetición de la Administración parece que el momento inicial del plazo debe ser el del pago, abstracción hecha del momento de la firmeza del acto o sentencia que reconoció el derecho a indemnización (de lo contrario el procedimiento frente a la autoridad o funcionario se tramitaría sin que se hubiere cumplido el requisito del pago). 292), condenó a un policía instructor de atestado judicial, que durante la toma de declaración de un detenido, impidió a la abogada la libre formulación de preguntas, y que además intentó influir en el declarante para que cambiara de dirección letrada, por una falta de coacción o vejación injusta, estableciendo la responsabilidad subsidiaria del Estado. “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (...) el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas”. c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w � ú û = J ^ w — ¿ ıııııııııııı ı úôíèãÜ×ĞÆ»®¡”Š øşÿÿ Marcial Pons, Barcelona, 1998, pág.195 ( citando a F. Pantaleón Prieto) Entre ellos S. Diaz Alabart: La responsabilidad por actos ilícitos dañosos de los sometidos a patria potestad o tutela”, Anuario de Derecho Civil, 1987 pág.798; M. Yzquierdo Tolsada: “El perturbador art. 121 DEL CÓDIGO PENAL El tenor literal del artículo invocado, señala : “ El Estado, la Comunidad Autónoma, la Provincia, la Isla, el Municipio y demás Entes Públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria. En todo caso aquí la responsabilidad no es penal sino administrativa, o más probablemente política. 106.2 de la Constitución. No obstante ello, la doble regulación de la materia en los Códigos Civil y Penal, no es prueba de la existencia de dos pretensiones de naturaleza diferente, cada una con su específico régimen jurídico ( no puede afirmarse que sea el mero ilícito civil el fundamento de la primera y el delito el fundamento de la segunda). En efecto, con independencia de su antecedente inmediato, el artículo 22 del Código Penal derogado de 1973 que incluía la responsabilidad subsidiaria del Estado en el caso de condenas por faltas de sus funcionarios, y con independencia, asimismo, de la responsabilidad subsidiaria que se contempla en el actual art. [â ĞÙ ĞÙ � 82 LPAC), en todo caso, se recabará el del servicio en cuyo funcionamiento se haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, practicándose, de oficio o a instancia del presunto responsable, las pruebas relevantes para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución (art. La víctima formuló posteriormente en vía administrativa reclamación de responsabilidad frente a la Administración por el anormal funcionamiento del servicio público de carreteras. En coherencia, creemos, continúa el Senador Vasco, que ningún tribunal va a admitir un trato más privilegiado de las administraciones. 0000027881 00000 n Susana Martínez Novella BIBLIOGRAFIA ABELLA , Co mentarios a la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992). Pág. cit. Frente a la tradicional prevalencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para resolver las irregularidades de los procedimientos administrativos, se acude con demasiada frecuencia al ámbito penal, traspasando la delgada línea roja que existe entre la jurisdicción penal y la administrativa, provocando una «criminalización» de la actuación administrativa. El resto del precepto iría en los mismos términos. Introducción. 2.1. Emitido el 6 de octubre de 1995. RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL El profesor Don Alejandro Nieto, en su artículo “La maldad natural de los servidores públicos” afirma que: “La responsabilidad civil es distinta de la patrimonial en cuanto que resulta derivada de la penal. Marco legal actual 3.1 Los postulados constitucionales de la responsabilidad La Constitución de 1978 contempla en cuatro artículos el tema que nos ocupa. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .