En tal sentido, creo necesario revaluar los alcances de nuestra jurisprudencia, ya que al hablar de derechos, cuya configuración final se lleva a cabo en los tribunales, su reconocimiento y ejercicio efectivo se supedita a un largo proceso judicial que terminará ordenando a la autoridad administrativa respectiva el respeto y aseguramiento del derecho examinando, sólo después de obligar al ciudadano a gastar recursos económicos, tiempo y esfuerzo, así como procesos judiciales17 (a mi juicio innecesarios) para que el tribunal vuelva a ordenar lo que ya había establecido en jurisprudencia estable previa. Crítica del principio de legalidad administrativa: sus roles y límites Sin embargo, el aparente tránsito que en la forma hemos llevado a cabo de un Estado de derecho a un Estado constitucional de derecho no se ha concretado en lo sustantivo, pues la suscripción de dicha configuración no ha logrado que los órganos del Estado mexicano protejan y promuevan efectivamente los derechos humanos.12 ¿Qué es entonces lo que hace falta para que esto ocurra si, en teoría, tenemos todos los elementos formales para consumar el tránsito a un Estado constitucional de derecho? Del principio de legalidad administrativa. Fix-Zamudio, Héctor, 1967, “Valor actual del principio de la división de poderes y su consagración en las constituciones de 1857 y 1917”, Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, núm. Principio de legalidad administrativa. 30/03/15 Referencia: Expediente núm. ed., México, Porrúa. Contenido de la demanda Por memoriales presentados el 8 de noviembre de 2016 y 2 de mayo de 2017, cursantes de fs. Si se mira esta tensión desde la estricta concepción de legalidad de corte liberal21 fuertemente arraigada en México, ambos mandatos constitucionales se contraponen y la ejecución de uno de ellos impide el cumplimiento del otro, por lo que alguno de esos mandatos no será ejecutado en la práctica, tal como ha ocurrido. por Omar Lara Soto EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD OBLIGA A LA AUTORIDAD A ACTUAR DENTRO DEL MARCO LEGAL, SIN EMBARGO, EN EL NUEVO CONTEXTO JURÍDICO DICHO MARCO HA SIDO REBASADO. Sentencia C-710/01 . Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una “simulación”. VII. Esta configuración permitió brindar certeza al ciudadano al saber que los órganos estatales sólo pueden actuar con fundamento en algún precepto legal. El Deporte Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, La jurisprudencia en México, 2a. Tal práctica es una muestra de los efectos nocivos que conlleva aferrrarse a una noción de legalidad que es insuficiente para el contexto jurídico actual y que no se corresponde con los rasgos de un Estado de derecho constitucional que afirmamos tener. administrativo, se constituye necesariamente sobre un sistema de principios generales del derecho que no sólo suplen las fuentes escritas, sino que son las que dan a éstas todo su sentido, unidad y presiden toda su interpretación[12]. Von Bogdandy, Armin, 2012, “Del paradigma de la soberanía al paradigma del pluralismo normativo. ), Internacionalización del derecho constitucional, constitucionalización del derecho internacional, Buenos Aires, Eudeba. La más reciente reforma a la Constitución, en junio de 2011, introdujo modificaciones relacionadas con la jurisprudencia, a saber, se crean los plenos de circuito para establecer criterios interpretativos, junto con los requisitos de su interrupción y sustitución. internacionalización del derecho constitucional, constitucionalización del derecho internacional, Origen y configuración de la jurisprudencia mexicana, La naturaleza e importancia del precedente judicial, La relación principio de legalidad-jurisprudencia, Ius Constitutionale Commune en América Latina, Transformative Constitutionalism in Latin America, El Constituyente de 1917 y el Poder Judicial de la Federación. (eds. TC-08-2012-0091, relativo al recurso de casación interpuesto por José Luis Motors, C. por A. contra la Sentencia núm. El constitucionalismo de los derechos requiere una nueva institucionalidad, un trabajo colaborativo de los esfuerzos de cada rama del gobierno en ese objetivo común. Este principio ya viene recogido en las constituciones de los Estados y es un principio fundamental para asegurar el Estado de derecho. El principio de legalidad establece la obligación que tienen las autoridades de la Federación de los Estados y del Municipio, de actuar única y exclusivamente en cumplimiento a las disposiciones legales en vigor. Postulados básicos y transformaciones”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLIV, núm. Las Sociales, Ventana Como éste, hay muchos ejemplos que revelan la redundancia de los procesos y la ineficiencia estatal en la protección de derechos.18 Por lo que cabe preguntarnos, ¿cuál es el sentido de esta práctica? Por ello, este trabajo analiza nuestra concepción de legalidad en materia administrativa, y sugiere transitar a una legalidad más robusta, al tiempo que invita a repensar la configuración de nuestra jurisprudencia, mecanismos todos ellos para coadyuvar a una efectiva protección de derechos humanos en México. Por ello, este trabajo analiza nuestra concepción de legalidad en materia administrativa, y sugiere transitar a una legalidad más robusta, al tiempo que invita a repensar la configuración de nuestra jurisprudencia, mecanismos todos ellos para coadyuvar a una efectiva protección de derechos humanos en México. PRESENTACIÓN Esta obra representa un esfuerzo ejemplar del Centro de Jurisprudencia de la Sala Constitucional, así como de los servidores del Tribunal Constitucional, por sistematizar las decisiones adoptadas a lo largo de estos 25 años, en torno a los principios En su planteamiento original, conforme al principio de legalidad, la Administración pública no podría actuar por autoridad propia, sino que ejecutando el contenido de la ley. 799-839, 2019, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, DOI: https://doi.org/10.22201/iij.24484873e.2019.155.14949. El estado de cosas descrito nos obliga a preguntarnos qué se puede hacer al respecto, dado que deseamos alcanzar una protección efectiva de los derechos humanos sin perder los avances logrados en lo que al Estado de derecho se refiere. El principio de la legalidad objetiva como criterio de eficiencia . Se parte de la amplitud, variedad y dinamismo de los asuntos que maneja el Estado a través de la función administrativa, sujeta al principio de legalidad, lo que incorpora el control jurisdiccional mediante el instrumental procesal acorde con el objeto controlado, con lo cual, el . Dicho reconocimiento constitucional como límite condicionante a la interpretación y aplicación del derecho, sumado a la distribución formal de poder de los órganos estatales y los mecanismos de control de la constitucionalidad de leyes, ha dado paso al Estado constitucional de derecho (Atienza, 2004: 75). Principios que informan la responsabilidad administrativa. Magazine Es así que dichos órganos se encargan de la expedición y reposición de tales instrumentos; sin embargo, en año electoral hay un término legal para que los ciudadanos la soliciten, a fin de tener actualizado y completamente integrado el padrón electoral en el momento de la elección. Kelsen, Hans, 1979, Teoría general del derecho y del Estado, trad. La jurisprudencia mexicana y la naturaleza del precedente judicial. 128. Una empresa sometió una acción de amparo en contra de la  Dirección General de Aduanas (DGA),  alegando que esa institución se excedió en sus facultades al imponerle una sanción, en violación a la Constitución y la ley. (coords. Es central no perder de vista que la relevancia -llamémosla “interna”- de la jurisprudencia en el proceso de argumentación trasciende la propia esfera judicial ya que, si bien es muy importante en el proceso de solución de controversias en sede judicial, los criterios o soluciones que contiene moldean nuestra práctica jurídica. Así pues, los elementos de cooperación, interdependencia y protección de derechos como los ejes rectores del principio de división de poderes no se contraponen a una legalidad robusta, sino que refuerzan la idea de que la aplicación de jurisprudencia por los órganos de la administración pública es parte de la legalidad robusta deficitaria del sistema de valores constitucional. En el trasfondo de esta discusión subyace una tesis crítica que indica que existe un traslape y colisión de instituciones que coexisten, propugnando afirmaciones diversas, las cuales pertenecen a diferentes etapas del constitucionalismo latinoamericano. ed., Madrid, Thomson-Civitas. Si esto es así, al aplicar la jurisprudencia -desde una legalidad robusta- la administración pública daría cumplimiento a su obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, alineando su actuación al sentido material de la Constitución, al tiempo que preservaría la justificación originaria del principio de legalidad, a saber, proteger a los particulares de los abusos de la autoridad. por la autoridad administrativa, sino a la legalidad propia de todas las resoluciones emitidas por este tipo de autoridades, aun cuando se encuentren a favor de un particular, bajo el principio de seguridad jurídica y de legalidad que establece la obligación de que todo acto de autoridad funde y motive la causa legal del procedimiento. Al respecto, es evidente que en nuestro sistema jurídico se ha ignorado o demeritado durante mucho tiempo el papel que tiene la jurisprudencia debido a que tenemos un sistema de derecho codificado. De modo que “…la ley no se limita a hacer posible una actuación del gobierno que sin ella no lo sería, sino que incide directamente sobre los derechos y deberes de los ciudadanos, [y con ello] ha de tener necesariamente una estructura material determinada…” (Rubio, 1993: 33). No obstante, aquí me refiero, de manera particular, a la jurisprudencia en materia de derechos humanos por tratarse de una materia transversal que permea prácticamente todas las esferas del derecho que aplica la administración pública. En la práctica judicial y ante la falta de reglas procesales adecuadas, los jueces fueron definiendo los aspectos procesales que, aún hoy, definen al juicio de amparo, pues los propios juzgadores fueron sentando las bases de lo que más adelante configuraría las características esenciales del juicio de amparo (Acosta, 1998: 22-23). No obstante, la otra dimensión de su función, la de establecer criterios estables para la aplicación futura del derecho, no logra aportar todas sus bondades en la protección de derechos más allá del ámbito judicial. Algunos constitucionalistas refieren que las estructuras y configuraciones constitucionales actuales han superado la noción clásica del principio (Fix-Zamudio, 1967: 30 y 64; García Roca, 2000: 56). Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, Panorámica del derecho procesal constitucional y convencional, El amparo administrativo y la mejora regulatoria, El Poder Judicial en el ordenamiento mexicano, Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, Revista Española de Derecho Constitucional, Estado de derecho y principio de legalidad, Un análisis conceptual del precedente judicial, La interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia (1917-1982), La ciencia del derecho procesal constitucional. Del Mar, Maksymilian, 2008, “The Spatio-Temporality of Objectification in Legal Theory: Concepts of Legality between Theory and Practice”, Problema. 32. De igual forma, el artículo 49 constitucional busca garantizar la legalidad de la función administrativa; sin embargo, dicho precepto debe ser analizado con detalle, toda vez en que este tiene un régimen de control revisor, al cual . Principio de tipicidad, X. Principio de . En el contrato objeto López Medina, Diego, 2015, “Obediencia judicial y administrativa de los precedentes de las Altas Cortes en Colombia: dos concepciones del fin y uso de la jurisprudencia como fuente del derecho”, Precedente, núm. Burgoa Orihuela, Ignacio, 2004, El juicio de amparo, 40a. - Aprovechar mejor las capacidades del Estado al trabajar conjuntamente y aplicar la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación en los asuntos de la competencia de los órganos del Estado que se trate, que ya han sido ampliamente discutidos, resueltos y reiterados por el Poder Judicial. 7/2015) Ponente:MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE Tipo de Resolución:Sentencia Dicha propuesta es perfectamente compatible con la forma constitucional que suscribimos, pues implica robustecer nuestro concepto de “legalidad” para admitir que las reglas jurisprudenciales33 son interpretaciones de la ley, que forman parte de esa misma legalidad. En tal sentido, tanto García de Enterría (1984: 20) como Rubio Llorente (1993: 29-30) coinciden al advertir que, en el marco de un sistema constitucional, la ley no puede pensarse sólo en su sentido formal -como una simple autorización a la administración púbica concedida por el legislador-, sino también ha de pensarse en su aspecto material, so pena de no cubrir las exigencias constitucionales de un sistema material de valores. Esta constatación está directamente relacionada con las diversas observaciones que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han hecho acerca de la falta de cumplimiento de las autoridades mexicanas de los estándares internacionales en materia de derechos humanos en una larga lista de rubros. Rubio Llorente, Francisco, 1993, “El principio de legalidad”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. El funcionamiento y la actividad de cada rama del poder público continúa dirigida a sus respectivas funciones, con la adición de que en el constitucionalismo de derechos humanos es una necesidad y una realidad verificada, el papel interpretativo y aplicativo de los jueces en el contexto local. A pesar de la modificación constitucional y la progresiva incorporación judicial al orden jurídico de los mandatos constitucionales sobre derechos humanos, no se advierten grandes avances en los órganos de la administración pública en la materia. Se trata pues de una preocupación que se deriva y se vincula con los procesos de internacionalización del derecho constitucional y constitucionalización del derecho internacional reflejada en la incorporación, en las Constituciones domésticas de normas de derechos humanos, como es el caso mexicano.26. - Potenciar el ejercicio de derechos, al tiempo que la autoridad administrativa recibe los beneficios de la experiencia judicial mediante el diálogo entre órganos de gobierno. Abstract: This article argues that the momentous constitutional reform of 2011 in the field of human rights, which is referred to as “the paradigm shift” in Mexico, is unable by itself to overcome all the obstacles of a legal order whose practices remain anchored to the 19th century. Con la elaboración de documentos internacionales que recogieran los derechos a manera de estándar internacional con órganos de supervisión y control, dio inicio el proceso de internacionalización del derecho constitucional de los derechos humanos (Ferrer, 2018: 665). No es de obligatorio acatamiento salvo cuando está contenida en sentencias de la Sala Constitucional o cuando expresamente así conste en el propio cuerpo de la sentencia si son proferidas en recursos de carácter particular. Jurisprudencia por Contradicción de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La función registral se prestará con base en los principios registrales contenidos en esta Ley y el Código, los cuales se enuncian a continuación de manera enunciativa más no limitativa: Legalidad: Este principio también conocido como principio de calificación registral . el principio de legalidad constituye una garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos, consagrado por la constitución en su artículo 2º, inciso 24, literal d), con el siguiente tenor: "nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera … Gómora Juárez, Sandra, 2018, Un análisis conceptual del precedente judicial, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Al respecto, la Comisión Interamericana (2018: 14) está en lo cierto al afirmar que el reto de México es cerrar la “brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Al ser así, los alcances y consecuencias de esta limitante van más allá de la deficiente protección de los derechos humanos y alcanzan las diversas áreas del derecho que aplican los órganos administrativos. De una interpretación de los artículos 146, 154, 159 y 164 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativos al plazo en que puede solicitarse la reposición de la credencial para votar, se advierte que comprende situaciones ordinarias y no aquellas que pudieran resultar extraordinarias, ya que en el caso de éstas debe regir el principio pro ciudadano conforme al cual ha de prevalecer la aplicación de la disposición legal más favorable. Bibliografía. Art. Ante la necesidad de subsanar las deficiencias de esta Ley -de las que, el maestro Burgoa opina, eran inevitables por tratarse del primer ensayo de organización y reglamentación de una nueva institución (Burgoa, 2004: 137)-, como las imperfectas normas procedimentales, los múltiples criterios de interpretación y los alcances del nuevo juicio. 26. JURISPRUDENCIA Principio de legalidad Wanda Méndez tiempoparaelalma@hotmail.com Una empresa sometió una acción de amparo en contra de la Dirección General de Aduanas (DGA), alegando. Si bien es cierto que la Constitución mexicana ha experimentado una transformación para recoger los elementos formales necesarios para dicho tránsito, también lo es que, en el sistema jurídico mexicano no ha ocurrido una revisión de otros elementos estructurales del sistema que deberían transitar y acompañar la implementación de estos rasgos del Estado constitucional de derecho. Publicaciones - debate no. Por esta razón, conviene discutir y transitar a una forma robusta de legalidad adecuada para un Estado de derecho constitucional. 155, pp. IV. El principio de legalidad y el sistema jurídico mexi-cano. Encuentros Digitales, Para contactarnos III. Esta medida contribuyó a evitar que la Constitución fuera interpretada en sentidos opuestos y propició la unificación de criterios al erigirse la Suprema Corte como la responsable de la interpretación constitucional (Cabrera, 2002: 238, 239, 241 y 242). Así, en un sentido, el principio de legalidad afecta el alcance de la jurisprudencia, ya que no sólo impide a las autoridades distintas a la judicial seguirlo y aplicarlo de manera directa, sino que incluso desincentiva entre los particulares el uso y recurso a las reglas de precedente fuera de los espacios jurisdiccionales (Gómora, 2018: 221). Plan LEA El principio de igualdad retributiva (art. I.- SUJECION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA AL LLAMADO BLOQUE DE LEGALIDAD O PRINCIPIO DE LEGALIDAD. I. introduCCión En México, en el discurso jurídico solemos identificar las reformas consti- De lo que se trata es de “volver a una categoría básica del Estado de derecho, cuya sustancia es precisamente la garantía de la libertad” (Rubio, 1993: 33). Se hizo preciso considerar entonces, la posibilidad de que el Estado de derecho incluyera un contenido material complementario, que ordenara la actividad estatal (Vignolo, 2011: 790), de modo que, para evitar las funestas consecuencias de la manipulación del derecho, se encontró una nueva fórmula jurídica en la que todas las leyes debían adaptarse a la Constitución, pasando así, del Estado liberal de derecho al Estado constitucional de derecho (García Ricci, 2011: 40). En este sentido, sugiero que, con la modificación en la concepción y aplicación en la esfera administrativa del principio de legalidad, así como de la jurisprudencia, se puede lograr una alteración de la estructura institucional que permita acompañar, en lugar de obstaculizar, la implementación efectiva de los derechos humanos. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, La intepretación de los derechos humanos y sus garantías por la Suprema Corte de Justicia. Si bien se despliega por todo el sistema jurídico, cobra mayor importancia en los ámbitos penal, administrativo y tributario. constitucional- el Poder Judicial interpreta las normas relativas a derechos humanos de acuerdo con la propia Constitución y los tratados internacionales. Desde la sede judicial se ha interpretado gradualmente el derecho mexicano con lecturas cada vez más amplias e incluyentes que permiten ir atendiendo los diversos aspectos de las interacciones sociales que las leyes no contemplan plenamente y que, difícilmente, obtendrán atención efectiva en sede legislativa. Como he dicho, la particular concepción liberal del principio de legalidad se ha usado en nuestro contexto como “justificación” para el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades administrativas (en general todas las autoridades que pertenecen en el ámbito local o federal a la rama ejecutiva) en materia de derechos humanos. Serna, José María, 2012, Impacto e implicaciones constitucionales de la globalización en el sistema jurídico mexicano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Gómora Juárez, Sandra, 2018, “La ejemplaridad y proyección del precedente”, Problema. Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Febrero de 2021 .Materia: Acción contenciosa administrativa. Aún más, pues en el pasado se ha advertido que es, incluso, “«legal» que una autoridad administrativa cometa una violación constitucional al aplicar una ley que haya sido declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Corte o por los tribunales colegiados de circuito…” (Palomo, 2015: 186), lo cual resulta absurdo. Copyright © 2016 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. | Todos los derechos reservados. El nuevo diseño institucional de las defensorías públicas en las entidades federativas de la República mexicana”, Cuestiones Constitucionales, núm. Con todo, el Estado mexicano no estaría más que tomando medidas para el efectivo cumplimiento del compromiso internacional contraído con la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al adoptar las medidas legislativas y de otro carácter que son necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Convención. PARA CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE LEGALIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL, DEBEN CONTENER EL LUGAR Y LA FECHA DE SU EMISIÓN. Gradualmente hemos transitado (en los sistemas jurídicos de derecho escrito) hacia una conciencia de que la labor interpretativa judicial permite mantener actualizado al sistema jurídico en las diferentes ramas del derecho, que permite, además, delinear y asignar contenidos que las leyes no especifican o dejan abiertos para su aplicación, y que permite también dotar de significado y alcance a los derechos humanos en el contexto de los sistemas jurídicos particulares, lo cual no es labor fácil. Si bien es cierto que un cambio de percepción con relación a la jurisprudencia tendría como efecto su aplicación cuando versara sobre derechos humanos, dicho cambio no ha ocurrido, y se antoja complejo. Aldao, Martín et al., 2017, “A Multidimensional Approach to Equity in the Inter-American Context: Redistribution, Recognition and Participatory Parity”, en Von Bogdandy, Armin et al. Oh! En México, como en otros países latinoamericanos de origen, se ha concedido, tanto en la legislación como en la doctrina, un papel muy limitado a la jurisprudencia como una fuente secundaria, incluso marginal, de derecho.10 Tradicionalmente, se entendía la función de los tribunales como la mera aplicación mecánica de la ley, ya que todas las respuestas estaban ya contenidas en ella, con lo cual no se admitía que la actividad jurisdiccional desempeñara un papel distinto a la aplicación. 9. ed., México, SCJN. Se trata, pues, de robustecer el concepto del principio de legalidad de la administración pública29 con elementos que nos permitan conceptualizarlo30 de manera que se adapte a los requerimientos del Estado constitucional de derecho -que es el momento espacio-temporal en el que nos encontramos-, a fin de que se comprenda la coexistencia de ambos mandatos constitucionales como efectivos y ejecutables. Una aproximación jurisprudencial, Función jurídica de control de la administración pública, La observancia obligatoria de la jurisprudencia emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito en los actos administrativos, Impacto e implicaciones constitucionales de la globalización en el sistema jurídico mexicano, Derecho constitucional mexicano a fin de siglo, Internacionalización del derecho constitucional, constitucionalización del derecho internacional, https://doi.org/10.22201/iij.24484873e.2019.155.14949. El contexto histórico promovió que ambas instituciones se dieran sustento mutuo, pues, …paulatinamente las sentencias constitucionales contribuyeron a moldear y desarrollar el juicio de amparo, aclarando muchísimos de sus aspectos procesales, de tal suerte que, así como la jurisprudencia surge de éste, también incide en él, por lo cual se puede afirmar que estamos en presencia de una evolución donde se dan influencias recíprocas.1. En el dilema de “cumplimiento” ha prevalecido la noción más arraigada en nuestro ámbito jurídico, que se ha afianzado por largo tiempo y que no da muestras de alteración alguna: nuestra concepción del principio liberal de legalidad. Palomo Carrasco, Óscar, 2015, La observancia obligatoria de la jurisprudencia emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito en los actos administrativos, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. En tal sentido, es interesante advertir que la nueva Ley de Amparo reconoce tres sistemas de creación de jurisprudencia:8 por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución (Ley de Amparo, 2013: artículos 215-230). Esta descripción es una imagen cotidiana de la interacción entre ambos poderes. Con la Constitución de 1917 se expidió una nueva Ley de Amparo (en 1919), que ampliaba el ámbito competencial para emitir jurisprudencia, cuya esfera de obligatoriedad se extendía ahora también a los tribunales de los estados (SCJN, 2005: 47). El principio de legalidad de la Administración opera, pues, en la forma de una cobertura legal de toda actuación administrativa: sólo cuando la Administración cuenta con esa cobertura legal previa, su actuación es legítima. Cossío Díaz, José Ramón, 2008, “La función constitutiva de los tribunales constitucionales y la división de poderes”, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, núm. La buena noticia es que México ya cuenta con una institución de suficiente solidez que puede servir como una herramienta para tales efectos, que es la jurisprudencia, misma que hasta ahora ha sido subutilizada. 12. Efectivamente, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el principio de proporcionalidad es concebido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional -SCP 2299/2012 de 16 de noviembre- no solo como una prohibición de exceso en la actuación del poder, bajo el entendido que las autoridades de los diferentes órganos del . Ello obedecía a una interpretación estricta del principio de la separación de poderes originado en la Revolución francesa. En esa misma línea se reconoce la importancia del papel de los criterios interpretativos autoritativos en el marco de la argumentación en sede judicial ante el conflicto entre derechos. Principios de la potestad sancionadora administrativa. Leyendo la Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2018 (rec. Mercadeo Esta labor permite materializar y hacer efectivo el ejercicio de los derechos cuya enunciación permanece en términos abstractos en las diferentes normas jurídicas, además de que su divulgación sistematizada “…responde a la necesidad social de conocerla, y, en esa medida, allegar la información mínima que permita la tarea de fiscalización ciudadana sobre el tribunal constitucional” (Herrera, 2015: 17). En algunos casos la jurisprudencia puede dar lugar a normas jurídicas, pero no crea ni cambia la ley penal sustantiva, solo interpreta. Entretenimiento Años después, el 30 de octubre de 1868, Ignacio Mariscal, entonces ministro de Justicia, presentaría una iniciativa de Ley de Amparo. División Radial. El principio de legalidad, hoy, significa además: a) Que no sólo la Administración Pública sino todos los poderes públicos, en su más amplio sentido, están sujetos a la Ley. Gargarella, Roberto, 2017, “The «New» Latin American Constitutionalism. Therefore, this paper analyzes our conception of legality in administrative matters and suggests moving to a more robust legality while inviting us to rethink the configuration of binding case law. Sostendré que la transición plena del Estado de derecho al Estado constitucional de derecho no podrá concretarse hasta en tanto los operadores y las instituciones con que se ha de materializar el cambio de paradigma en México -como es el caso de la jurisprudencia y el principio de legalidad- se conciban en términos de lo que este modelo requiere, lo cual hasta ahora no ha ocurrido, ya que, a siete años de distancia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, su aplicación, operación e impacto siguen siendo muy limitados. El presente artículo sostiene que la trascendental reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, a la que se hace referencia como “el cambio de paradigma” en México, es incapaz, por sí misma, de sortear todos los obstáculos de un orden jurídico cuyas prácticas permanecen ancladas al siglo XIX. El principio de legalidad ha sido expresamente previsto en el inciso 1 del art. Principio de legalidad - Entendimiento y comprensión del principio de legalidad . II. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, vol. En la jurisprudencia mexicana es particular, pues su alcance está limitado únicamente a las partes involucradas y a los tribunales, ya que no obliga a los particulares a invocarla en el futuro, ni a las demás autoridades a estar al tanto de ella o aplicarla de primera mano, y la razón de ello es que las actividades de las autoridades de la rama administrativa se rigen por el principio de legalidad.16. 2. Así, la propuesta permite una colaboración más cercana de los poderes para acercar a las personas la versión más acabada a la que pueden acceder de sus derechos, unidos en una misma finalidad, que es la protección más efectiva. 28 73, XXIX-J.- Para legislar en materia de deporte, estableciendo las bases generales de coordinación de la facultad concurrente entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y . En virtud de que la función legislativa, como las demás funciones del . Esta implementación traería consigo enormes avances, pues permitiría, entre otras cosas: - Beneficiar a los ciudadanos con la aplicación directa de la jurisprudencia en sus interacciones con los entes de la administración pública. El principio de legalidad se encuentra consagrado como derecho fundamental en . Me explico. Acosta Romero, Miguel y Pérez Fonseca, Alfonso, 1998, Derecho jurisprudencial mexicano, México, Porrúa. Debemos reconocer la importancia de esta situación, que sugiere que mientras los aspectos orgánico-institucionales de la Constitución permanezcan inalterados y bloqueen la transformación, no podremos hacer efectiva la Constitución, en tanto no se prevea la reacción y ajuste de las estructuras que las llevan a cabo, por lo que los esfuerzos no fructificarán en tanto no nos ocupemos de la parte orgánica.22. En este sentido, podemos afirmar que la Constitución mexicana de 1857 sentó unas bases fundacionales, mientras que la de 1917 incorporó la dimensión social de los derechos, pero la estructura de poder o institucional permaneció inalterada. La jurisprudencia fue elevada a rango constitucional con las reformas a la ley fundamental del 19 de febrero de 1951, en las que, por primera vez, la Constitución Política la menciona (Acosta, 1998: 48). Cuando se habla de precedentes, se hace referencia a los criterios interpretativos aislados, contenidos en las sentencias judiciales de los tribunales autorizados para ello, que aún no cumplen el número de reiteraciones necesarias para formar jurisprudencia. Una nueva perspectiva (mirada) de la relación entre el derecho internacional y los ordenamientos jurídicos nacionales”, en Capaldo, Griselda et al. Ahora bien, este proceso de robustecer el principio de legalidad es perfectamente compatible con el principio de la división de poderes y la democracia representativa. Tengo en mente a la jurisprudencia de la SCJN13 como uno de esos elementos estructurales sin el cual se advierte difícil el tránsito exitoso a un estado de cosas distinto. Lo anterior implica el tradicional principio de legalidad referente a "no hay delito ni pena sin ley". Por ello, es de la mayor importancia el desarrollo jurisprudencial, así como el análisis en torno al mismo, pues los órganos jurisdiccionales tienen en sus manos la atribución permanente de asignar significados para casos presentes y futuros en el derecho. El principio de legalidad penal garantiza: a) la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal (lex praevia); b) la prohibición de la analogía (lex stricta); c) la prohibición de cláusulas legales indeterminadas (lex certa); y d) la prohibición de aplicación de otro derecho que no sea el escrito (lex scripta) (FJ 17-22). Es de mencionar que, la aplicación del amparo fue efectiva hasta 1861, debido a los problemas bélicos que enfrentaba el país y a la falta de procedimientos idóneos para su aplicación, principalmente (Acosta, 1998: 22). ADMINISTRATIVA * PRINCIPIO DE LEGALIDAD * PRINCIPIO DE LEGALIDAD ADMINISTRATIVA RESUMEN: Expone sobre el principio de legalidad, la discrecionalidad y la doble discrecionalidad, así . Inicio Dicho periódico, creado para la publicación de las sentencias definitivas (de 1867 en adelante) de los tribunales federales, llevó el nombre de Semanario Judicial de la Federación (Guerrero, 1984: 12). Asimismo . De acuerdo con esta explicación, las Constituciones latinoamericanas de cada periodo muestran ciertos rasgos característicos que acompañan las incorporaciones normativas que aportaron. El precedente judicial, referido a las sentencias -más propiamente, a los razonamientos contenidos en ella- de tribunales judiciales en un sistema jurídico con fuerza autoritativa que muestra a otros tribunales la forma de resolver controversias en casos semejantes, es una institución central en los sistemas jurídicos contemporáneos. O princípio da legalidade está previsto expressamente no artigo 37 da Constituição Federal, sendo aplicável às administrações pública direta e indireta, de todos os Poderes e todas as esferas de governo. La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: Por lo cual, no hay razón para negar el carácter supremo que la interpretación tiene contenido en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. 2. El problema surge cuando se advierte que la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de todas las autoridades mexicanas no es realizable o mínimamente alcanzable mientras se mantenga -como hasta ahora- la adhesión a ultranza a una concepción de legalidad anclada en unos presupuestos fundacionales distintos a los que ahora fundamentan nuestra Constitución Política.19. el principio de legalidad, nace a la vida jurídica del contenido del artículo 16 de la constitución mexicana, dicho principio determina el que las actuaciones de las autoridades deben efectuarse dentro del marco de sus facultades legales, y que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de … La iniciativa presentada por Ignacio Mariscal fue aprobada -después de intensos debates- el 19 de enero de 1869, y promulgada el día siguiente con el título de Ley Orgánica Constitucional sobre el Recurso de Amparo (SCJN, 2005: 58). Las dos circunstancias previas nos conducen a preguntarnos acerca de quiénes son los destinatarios de la jurisprudencia. Una visión del siglo XX, Práctica del juicio de amparo: doctrina, formularios y jurisprudencia, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Problema. García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, 1974, Curso de derecho administrativo I, 12a. Por ello es que sigue vigente la reflexión que hiciera hace dos décadas Pedro Salazar, cuando sostenía que el aspecto dinámico del sistema legal mexicano no logra ser garantía de seguridad y certeza jurídicas (Salazar, 1998: 200). 2. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, núm. Una visión del siglo XX, México, SCJN. La limitación del actuar de los órganos administrativos tiene una justificación que radica en la protección de la esfera de los particulares de potenciales abusos y arbitrariedades, pero ¿qué ocurre si esa justificación deja de brindar sustento cuando la decisión del órgano administrativo amplía, promueve o fortalece el ejercicio de derechos del particular, mediante la aplicación de jurisprudencia? CASOS EN QUE RESULTA PROCEDENTE SU REPOSICIÓN FUERA DEL PLAZO LEGAL. ¿Sería razonable considerar dicha actuación como una violación al principio de legalidad administrativa? que, en materia administrativa rige el Principio de Presunción de Legalidad de los actos . El TC explicó que “el principio de legalidad es uno de los principios pilares del estado constitucional de derecho, de la seguridad jurídica, del cual no están exentos los poderes públicos”. El principio de legalidad es una regla fundamental en el Derecho Ad-ministrativo; esto quiere decir, que todo acto La incorporación en el ámbito interno de los Estados de ese derecho internacional de los derechos humanos, se ha llevado a cabo de diversas maneras con fórmulas que han permitido ahora el proceso inverso de constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos (Ferrer, 2018: 664-671). De conformidad con lo establecido por el primer . Principio de reserva, VIII. Con la Constitución liberal de 1857, se estableció definitivamente en los artículos 101 y 102, el derecho de amparo como un medio de control constitucional contra leyes o actos de las autoridades que violaran las garantías individuales, o bien, restringieran la soberanía de los estados. ¡Ya contamos con una aplicación móvil ! V. Hacia una legalidad robusta. JURISPRUDENCIA Roj: STS 4027/2022 - ECLI:ES:TS:2022:4027 Id Cendoj:28079130022022100393 Órgano:Tribunal Supremo.Sala de lo Contencioso Sede:Madrid Sección:2 Fecha:02/11/2022 Nº de Recurso:5539/2020 Nº de Resolución:1424/2022 Procedimiento:Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. Así pues, la idea es que de primera mano todas las autoridades -en el ámbito de sus competencias y materias- apliquen jurisprudencia que proteja, delinee, desarrolle y amplíe el ejercicio de los derechos humanos parece coexistir con un Estado constitucional de derecho. El tiempo mostró que el discurso, según el cual las respuestas a todos los problemas están en la ley, era falso, lo que condujo a la necesidad de reconocer abierta, aunque gradualmente, el papel creador de la jurisprudencia, con lo cual en la práctica, “el principio de legalidad tuvo que ensancharse para admitir la llegada del poder complementador e innovador de la jurisprudencia” (López, 2015: 15).11. Cortesía del artista. Ahora bien, aunque esta tensión no debería sorprendernos, lo cierto es que en realidad no nos hemos percatado plenamente de su existencia (Gargarella, 2017: 233). Es innegable que el Estado de derecho ha sido una noción central en la historia moderna del Estado y del derecho mismos, desde su origen -a finales del siglo XVIII- hasta nuestros días ha sido el eje fundamental de configuración de los Estados modernos, que marcó un cambio de paradigma de seguridad y protección de los . de Eduardo García Máynez, México, UNAM. Principio de legalidad en la Legislación Mexicana. Fix-Fierro, Héctor, 2015, “Hacia una defensa pública de calidad. El trabajo aquí expuesto ha mostrado el proceso transitado por la jurisprudencia y el principio de legalidad en el contexto mexicano, intentando revelar las tensiones en su interacción y los obstáculos que la actual configuración de estas nociones presenta para el efectivo cumplimiento de la obligación de protección y garantía de los derechos humanos que tiene el Estado mexicano. Tal ha sido la travesía y configuración de la mayoría de los Estados modernos, y el caso mexicano no es la excepción. Dicha superación hace referencia a que nos encontramos en un entorno constitucional mucho más rico y complejo, en el que el principio de división de poderes se ha de entender mejor en clave de cooperación e interdependencia de los diversos órganos del Estado, toda vez que la protección de la libertad hoy en día no depende de manera exclusiva de la división de poderes (García Roca, 2000: 48; Cossío, 2008: 103). Este rasgo en sí mismo no debería sorprendernos, dado que se trata de una institución que surgió en el contexto del siglo XIX en el que el principio de “división de poderes” era el centro de atención primario. Hernández, María del Pilar, 2008, “La jurisdicción constitucional. Principio de Legalidad Para Jesús Chamorro (2015), el principio de legalidad como limite a las actuaciones de la administración pública, es la manifestación del Estado de Derecho, que constituye la base para una convivencia pacífica y en armonía; este principio, busca que el poder público esté conforme a la Ley y al Derecho. En esa concepción y práctica cotidiana de legalidad de la administración pública, por las razones recién expuestas, no tiene cabida (al menos no de manera natural) la maximización de derechos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En el texto se defiende la conveniencia de distinguir entre tipicidad penal (estricta) y tipicidad en el derecho administrativo-sancionatorio (más laxa). Bibliografía. 131. Comparación entre usos y justificación del principio de legalidad en el Ecuador 3.1 Concordancia 3.2 Incompatibilidad 3.3 Funciones no enunciadas por la teoría 4. Esta situación nos plantea la necesidad de repensar nuestra propia concepción de legalidad -para considerar una concepción más robusta-, así como los elementos formales que caracterizan a la jurisprudencia mexicana -comenzando por su alcance- a la luz de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia. Trata-se de um artigo sobre o princípio da legalidade administrativa. Principio de legalidad. Así, un dato a tomar en consideración es que, históricamente, la preocupación por controlar los excesos de los poderes ha estado centrada en el Ejecutivo y el Legislativo -como advierte Héctor Fix-Zamudio- ya que, si en la Constitución de 1824 el énfasis y la concentración de poder se inclinaba hacia el Legislativo, la redacción de la Constitución de 1857 como la de 1917 claramente reforzaban de varias formas la posición del Ejecutivo federal (Fix-Zamudio, 1967).34. En dicho sentido, emplear el principio de legalidad para justificar la actuación “limitada” de los órganos de gobierno aplica igualmente para limitar el ejercicio concreto de derechos a los ciudadanos cuando tales derechos han sido ya reconocidos en sede jurisdiccional, como en el caso antes mencionado. RESUMEN: Presenta un profundo análisis de la doctrina y jurisprudencia sobre el derecho administrativo sancionador en España, para lo cual hace una revisión . - Cumplir adecuadamente con el mandato constitucional de garantizar la protección más amplia a los derechos humanos, partiendo de la presunción de que -de acuerdo con el mandato del artículo 1o. En los inicios del Estado de derecho se revalorizó la ley y su papel como el elemento para eliminar las arbitrariedades, de modo que jugó un papel central aun cuando se trataba de una legalidad puramente formal, según la cual nadie está por encima de la ley (García Ricci, 2011: 37; Vignolo, 2011: 788). En México, hablar de jurisprudencia nos remite a los criterios interpretativos contenidos en las sentencias judiciales de los tribunales autorizados para ello por la Ley de Amparo, pensemos en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Esta circunstancia tiene por supuesto implicaciones importantes. Sin embargo, el Estado liberal de derecho, con su desarrollo de legalidad, no fue suficiente para limitar la arbitrariedad -como atestiguó el siglo XX- ya que las leyes se pueden modificar para permitir legalmente la actuación arbitraria. 32. Podríamos decir que nuestra jurisprudencia no ha experimentado diversas “facetas” formales, sino que se ha mantenido prácticamente inalterada, casi indiferente al proceso de internacionalización del derecho constitucional y posterior constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. Herrera García, Alfonso, 2015, La intepretación de los derechos humanos y sus garantías por la Suprema Corte de Justicia. Este principio, además, está relacionado con la capacidad de la Administración para actuar con respeto y dentro del marco que establecen las leyes, la Constitución y el derecho (Rebollo, 2017). Podemos incluso coincidir acerca de la gran importancia del “bloque de constitucionalidad” en México, que en sede judicial ha tenido un desarrollo formidable, dando cuenta así de la incorporación de los derechos humanos, de origen internacional, al catálogo de derechos fundamentales de la Constitución mexicana, y participando incluso de la ampliación del bloque para recibir la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Ferrer, 2018: 671). Principio de prohibición de la doble investigación o sanción, IX. Esta realidad nos urge a repensar el papel de la jurisprudencia mexicana en el contexto jurídico actual. Londoño Lázaro, María Carmelina, 2010, “El principio de legalidad y el control de convencionalidad de las leyes: confluencias y perspectivas en el pensamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLIII, núm. Podría decirse que son el vehículo para trasladar los avances internacionales en derechos humanos a los ciudadanos de a pie, pero esta noción no adquiere pleno sentido hasta que imaginemos que cada ciudadano puede acceder al ejercicio más pleno de sus derechos, a través de cualquier autoridad y respecto de cualquier petición. En México, el principio de legalidad se encuentra recogido en la Constitución Política, en varios de sus artículos, como en el artículo 14: A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ésta es una de ellas. Resumen: El presente artículo sostiene que la trascendental reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, a la que se hace referencia como “el cambio de paradigma” en México, es incapaz, por sí misma, de sortear todos los obstáculos de un orden jurídico cuyas prácticas permanecen ancladas al siglo XIX. Clérico, Laura, 2015, “Examen de proporcionalidad y objeción de indeterminación”, Anuario de Filosofía del Derecho, núm. Hans Kelsen explicó claramente la sustancia de esta noción al referirse a la distinción entre un individuo que es parte de la administración pública y uno que no lo es: “Un individuo que no funciona como órgano del Estado puede hacer todo aquello que no está prohibido por el orden jurídico, en tanto que el Estado, esto es, el individuo que obra como órgano estatal, solamente puede hacer lo que el orden jurídico le autoriza a realizar” (Kelsen, 1979: 313). En mi opinión, éstas son suficientes razones para buscar un cambio de concepción y ampliar el alcance de la jurisprudencia. Este ejemplo es una muestra del efecto limitante que padece la jurisprudencia que, de otro modo, podría haberse aplicado desde un primer momento por las juntas distritales, dada su existencia previa y el conocimiento de la misma por las propias autoridades administrativas. Actualmente, la Constitución mexicana recoge de manera formal todas las anteriores características para otorgarle la etiqueta de Estado constitucional de derecho, que a su vez reflejan el principio de legalidad al que se sujeta el Estado. Nuestros conceptos son centrales para dar forma al derecho, de modo que el análisis de nuestros conceptos es indispensable para alterarlo: la academia se encarga de cuestionar y refinar los conceptos, tales conceptos integran nuestras construcciones teóricas, las cuales, a su vez, informan los sistemas jurídicos modernos (Von Bogdandy, 2017: 5). Hablar de la ampliación del principio de legalidad que concedió un papel más central a la jurisprudencia parecería inexacto ya que desde sus orígenes, la Constitución y la ley de amparo mexicana han reconocido la obligatoriedad de la jurisprudencia en el ámbito jurisdiccional, no obstante, en el discurso y la práctica se había negado sistemáticamente esa realidad relegando su papel al mínimo. Principio de proporcionalidad, VII. En México, su alcance y la obligatoriedad están limitados a tribunales federales y órganos de impartición de justicia locales. Ahora bien, para muchos autores parecería algo “natural” aceptar que el principio de legalidad se ha transformado profundamente en el Estado constitucional de derecho y que, dado que las leyes también están sometidas a la Constitución, cabría esperar que la supremacía constitucional y su control, así como el producto de ese control, fuese visto como aquello que compone el imperio de la ley. Es claro que dicha limitante sobre la jurisprudencia afecta de manera general toda función y tarea encomendada a los órganos de la administración pública que presuntamente haya sido objeto de interpretación judicial autoritativa en el pasado. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, t. III, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. La gran diversidad de criterios surgidos de la interpretación de la Constitución por parte de las jueces de distrito provocó la necesidad de implantar la fórmula (traída del common law), según la cual, las decisiones de los órganos superiores se constituyen como obligatorias para los órganos inferiores. El principio de legalidad consiste en dar prevalencia a la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. El objetivo transformador del ICCAL pasa por eliminar la brecha en el cumplimiento de protección a los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones jurídicas internas, pues como se ha visto, la aceptación estatal de las normas internacionales de derechos humanos, su incorporación en el derecho doméstico y la creación de mecanismos de protección para las personas, no son suficientes para el cumplimiento pleno de dicha obligación (Von Bogdandy, 2017: 10). VI. No obstante, esta obligación de “conocer y aplicar” jurisprudencia está restringida a los órganos judiciales, aun cuando ésta se considera una fuente del derecho mexicano. Es innegable que el Estado de derecho ha sido una noción central en la historia moderna del Estado y del derecho mismos, desde su origen -a finales del siglo XVIII- hasta nuestros días ha sido el eje fundamental de configuración de los Estados modernos, que marcó un cambio de paradigma de seguridad y protección de los ciudadanos frente a la arbitrariedad imperante (García Ricci, 2011: 21-22). García Roca, Javier, 2000, “Del principio de la división de poderes”, Revista de Estudios Políticos, 108. (Fallos: 329:1554; 332:2872; 338:313; 340:1884; - Evitar imponer una carga adicional en los ciudadanos que se ven obligados a gastar recursos para estar en posibilidad de ejercitar un derecho cuando se trata de derechos que ya son plenamente reconocidos por la jurisprudencia. El planteamiento originario del principio de legalidad administrativa postulaba la creación de “la administración”9 como una entidad abstracta cuyos actos no procedían de un soberano, sino de esta entidad sometida a la ley. El Tribunal Constitucional estableció que la Ley número 14-93 no le otorga a la DGA facultad para imponer multas, por lo cual no podía fijar una sanción, porque “el hecho a sancionar y la sanción misma deben estar tipificadas en la ley”. Los principios generales del derecho Administrativo. 153 a 167; y, 189 a 190, la parte accionante manifestó que: I.1.1. ), Transformative Constitutionalism in Latin America, Nueva York, Oxford University Press. These mechanisms will contribute to an effective protection of human rights in Mexico. Principio del debido proceso o del debido juzgamiento. En el marco de esta constatación, cobra relevancia la relación de la jurisprudencia con el principio de legalidad, ya que formalmente y de facto, los órganos de la administración pública del Estado mexicano han mantenido y mantienen una adhesión absoluta (al menos en el discurso) a la más estricta legalidad de sus actos. En este sentido, la administración no podía actuar con propia autoridad, sino al amparo de la autoridad de la ley como expresión legítima de la voluntad de la comunidad (García de Enterría, 1974: 442-443). La jurisprudencia mexicana y la naturaleza del precedente judicial. Plena Jurisdicción. 7. Dado el carácter transversal y la naturaleza de la jurisprudencia en materia de derechos humanos, es factible reconocer su aptitud como vehículo de transformación, capaz de impulsar un cambio sustantivo de percepción en torno al papel que tiene en nuestro ordenamiento jurídico, de ahí la centralidad que le atribuyo a la institución jurídica.
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